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Derecho a la vivienda

El derecho a la vivienda siempre ha sido un ámbito complicado, a no ser enredoso, del derecho ruso. A diferencia de muchos sistemas europeos en los cuales tales relaciones están reguladas por el Código Civil, en Rusia existe cómo un ámbito independiente.

La posibilidad de coexistencia del derecho de propiedad a la vivienda y así llamado derecho de "vecindad" es la causa principal de controversias en este ámbito. Pocas viviendas de buena calidad, su precio alto, problemas relativos al registro de las personas que no sean propietario de la vivienda. Todo eso complica más la situación.

El acto legislativo principal que regula cuestiones de la vivienda es el Código de la vivienda de la Federación Rusa en vigor desde el 1 de marzo de 2005. Ha sustituido el viejo Código de 1983. Parcialmente se aplica también el Código Civil.

El derecho de la vivienda en Rusia incluye algunas instituciones principales, en particular:

  • arrendamiento "social";
  • arrendamiento gratuito;
  • alquiler de la vivienda;
  • contrato de renta vitalicia;
  • cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios.

Conforme al art. 49 del Código de la Vivienda los extranjeros no son sujetos al contrato de arrendamiento social. Por otra parte, tale limitación está establecida por la leyes de varios países porque el derecho de alquilar una vivienda estatal o municipal es un derecho inherente y prioritario de los ciudadanos.

Por lo demás los derechos de los extranjeros no son limitados por la ley, pero pueden ser menoscabados por otros a causa de la ignorancia de peculiaridades del mercado ruso. Es conocido en practica que el contrato más frecuente entre los extranjeros - aquello de alquiler de la vivienda - suele celebrarse a favor del dueño y respectivamente en detrimento del inquilino.

Para el extranjero es necesario conocer las condiciones principales de dicho contrato (conforme el capítulo 35 del Código Civil) para evitar engaño del lado del propietario o agencia inmobiliaria.

Dicho contrato se celebra exclusivamente por escrito. El traspaso de la propiedad de la vivienda a un tercero no conlleva la extinción del contrato celebrado anteriormente. Los gastos comunales son de cuenta del inquilino y serán abonados por el mismo (salvo que las pactas acuerden lo contrario). El inquilino puede alojar a otras personas en la vivienda de acuerdo del dueño (sus nombres pueden ser incluidos en el texto del contrato desde el principio o cuando sea necesario). El arrendador sólo debe prevenir al dueño de inquilinos temporeros (por el periodo inferior a los 6 meses). Las reparaciones corrientes de la vivienda son a cuenta del inquilino (salvo que las pactas acuerden lo contrario).

La duración del contrato no puede superar los 5 años, si en el contrato no se señala su plazo de duración, se entenderá que ésta es de 5 años. El arrendador dispone de un derecho preferente de prórroga del contrato. El arrendatario puede negarse de renovar el contrato preavisando al inquilino con tres meses de antelación. El arrendatario no puede resolver el contrato unilateralmente sino el arrendatario podrá resolver el contrato a cada tiempo preavisando por escrito al dueño con tres meses de antelación.

Sin enumerar casos de numerosas argucias e tranquillas sólo podemos decir: aquí no es posible pasar sin ayuda de un abogado capaz de estimar las condiciones del contrato o redactar uno nuevo. Y tomando en consideración que a veces se trata de la eventualidad de verse en la calle esta cuestión se hace muy importante.


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